Contratar con el Estado abre oportunidades, pero también expone a contratistas y entidades a un régimen estricto. Un descuido en cualquier etapa —desde el pliego hasta la liquidación— puede traducirse en la nulidad del contrato, en el no pago de lo ejecutado o en responsabilidad fiscal, disciplinaria e incluso penal. Estos son cinco errores frecuentes y cómo prevenirlos.
1. Contratar con una inhabilidad o incompatibilidad
Las inhabilidades e incompatibilidades buscan proteger la transparencia de la contratación. Suscribir un contrato estando incurso en alguna —o que sobrevenga durante la ejecución— puede viciarlo y comprometer a quienes participaron. Antes de presentarse o de adjudicar, verifique siempre la situación del proponente y de sus representantes.
2. Acreditar mal los requisitos habilitantes
La experiencia, la capacidad jurídica y la capacidad financiera deben demostrarse exactamente como lo exige el pliego. Documentos incompletos, certificaciones que no respaldan lo afirmado o índices financieros mal calculados son causa común de rechazo de ofertas y, más adelante, de controversias. La precisión documental no es un formalismo: es la base de una propuesta sólida.
Prevenir cuesta mucho menos que litigar una nulidad.
3. Adiciones y modificaciones sin soporte legal
Los contratos estatales pueden modificarse, pero no de cualquier manera ni sin límite. Las adiciones tienen topes legales y toda modificación debe estar debidamente justificada y soportada. Adicionar por encima de lo permitido, o sin sustento técnico, abre la puerta a la nulidad y a hallazgos de los organismos de control.
4. Saltarse la planeación y la selección objetiva
El principio de planeación y el deber de selección objetiva son columna vertebral del sistema. Estudios previos deficientes, pliegos direccionados o criterios de evaluación que favorecen a un proponente son focos de litigio y de investigaciones. Un proceso bien estructurado desde el inicio protege tanto a la entidad como al contratista serio.
5. Ejecutar sin supervisión ni soportes
La etapa de ejecución exige supervisión o interventoría y un soporte documental ordenado: actas, informes, evidencias de cumplimiento. Su ausencia complica la liquidación, facilita glosas y deja al contratista sin pruebas para defender lo ejecutado frente a observaciones o reclamaciones.
Cómo evitarlos
El denominador común de estos errores es la falta de acompañamiento jurídico oportuno. La asesoría no debe llegar cuando ya hay un problema, sino desde la etapa precontractual: revisar inhabilidades, estructurar la oferta, validar modificaciones y ordenar la ejecución. Prevenir cuesta mucho menos que litigar una nulidad o responder ante un órgano de control.
